Reflexiones

¿Un niño o adolescente que comete un acto de ilícito debe de quedar impune?
De ninguna manera. Incluso es posible señalar que en ninguno de los

tratados internacionales sobre adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley existe pretensión alguna de promover la impunidad o la indulgencia. Todo lo contrario el derecho internacional en esta materia establece una figura superior: hacer responsables a los adolescentes de la reparación del daño.
Sin embargo, existe un aspecto en el cual se pone particular insistencia: la rehabilitación. Este es un tema fundamental en cualquier sistema penal, pero cobra mayor fuerza para el caso de niños y adolescentes, porque se considera que existen aún más posibilidades de re-educación al encontrarse éstos en un período en el que aún no se han configurado completamente los procesos de pensamiento y socialización, como muestran la mayor parte de los estudios.
Todo indica que entre menos edad se tiene, mayores posibilidades existen de modificar determinados comportamientos que ponen a un niño o a un adolescente en conflicto con la ley. Pero esto sólo es posible si existe un sistema apropiado que debe de ser diferente al de los adultos.
Esa noción ha dado paso a lo que se conoce internacionalmente como "sistema de justicia juvenil".
Un sistema de justicia juvenil trata de responder a la necesidad de justicia demandada por una sociedad pero sin violar los derechos del niño.
Quienes proponen crear un sistema de justicia juvenil sostienen que los menores de 18 años deben de ser penalmente inimputables es decir, no ser sometidos a un proceso penal como los adultos, pero aquellos que se ubican entre los 16 y los 18 años deben de ser legalmente responsables, es decir, incorporarse a un sistema en el que afronten la responsabilidad de sus actos pero gozando de las garantías que incluso los adultos gozan hasta en los casos más severos (como la posibilidad de contar con una defensa, de ser informado de los cargos, de que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, etc.)
Un sistema de este tipo destaca la importancia de que el encarcelamiento sea considerada una medida de último recurso, es decir, que se destine para los casos más extremos que por otro lado siguen siendo los menos comunes. Además se busca que el personal dedicado a centros de
rehabilitación o re-educación cuente con la capacitación apropiada para desarrollar programas que lejos de alienar, verdaderamente rehabiliten.
La reducción de la edad penal sirve como una cortina de humo para que los gobiernos no se sientan obligados a fortalecer las medidas para prevenir la incidencia de conflictos de adolescentes con la ley.
En otras palabras las propuestas para reducir la edad penal parecen una medida barata ante el hecho innegable de que la reducción real de la criminalidad sólo es posible en la medida de que se garanticen plenamente el acceso a servicios de salud y de educación de calidad; de que se amplíe la oportunidad de acceder a espacios de recreación, esparcimiento o formación para el trabajo; de que el Estado cumpla con la obligación que le marca la Convención de los Derechos del Niño, de desarrollar programas para apoyar a la familia y la comunidad en el cumplimiento de sus funciones referidas a criar y educar a sus hijos en un ambiente de confianza y comprensión.
Un sistema de justicia tanto juvenil como penal, así como medidas de prevención apropiadas sólo son posibles si los gobiernos asignan mayores recursos para que los programas sean realmente eficientes.
Aunque en el corto plazo pareciera que es más barata la reclusión que la prevención, estudios recientes de criminólogos en los Estados Unidos muestran que en el largo plazo los costos que tiene el dejar de invertir en el cumplimiento de los derechos tendrán un mayor impacto económico, además del social y político.
Por ello las propuestas de reducción a la edad penal son violatorias de una gran cantidad de tratados internacionales establecidos para proteger los derechos del niño en la medida de que ocurren en un marco en el que no se plantea la reforma del sistema penal para que cumpla con la función de rehabilitar, alimenta los deseos de venganza frente a los de justicia y esconde la responsabilidad de las políticas económicas y sociales en la formación de la criminalidad.
De ahí que es necesario aprovechar el debate que se ha generado en torno a la reducción de la edad penal, para insistir en:
· Realizar una profunda reforma a los sistemas penales para que cumplan con la función de rehabilitar.
· Crear un sistema de justicia juvenil que haga verdaderamente responsables a los adolescentes de sus actos, pero que no los condene a la marginación.
· Fortalecer las leyes vigentes a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos por parte de niños(a) y adolescentes excluidos del desarrollo.